sábado, 2 de diciembre de 2006

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES


Este mensaje es para que se añadan comentarios respecto a Germán Martínez, secretario de la función pública del dictador Felipe Calderón, en el que se denuncien sus corruptelas, raterías, abusos, arbitrariedades, etc, desde el pasado y hasta la fecha.

Por favor usa el sistema de comentarios para poner información de notas de prensa (con un link a la nota en internet) y todo tipo de información de denuncia.

5 comentarios:

el checo dijo...

Para que investigue:

Anabel Hernández. Fin de fiesta en Los pinos. Editorial Grijalbo, México 2006
“Mientras el sexenio termina, la red de empresas apoyada por Guillermo Sahagún Jiménez y Jorge Alberto Bribriesca Sahagún sigue despachándose con la cuchara grande los recursos públicos de la nación. Juntas, AOM, Subtec y Oceanografía han reunido la imponente cantidad de doce mil millones de pesos […]

[…] Con ese dinero uno podría hacerse cargo del programa social del sexenio, Oportunidades, y dar manutención durante un año a los 25 millones de personas más pobres del país. Si se prefiere ser más ahorrativo, se podría cubrir el presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y guardar para sí la bicoca de dos mil millones. Si el caso es apostarle al desarrollo tecnológico de México, se le podrían entregar ocho mil millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y quedarse con el cambio.”
p. 102

Victor Hernandez dijo...

Amiguismo y recomendados en las designaciones de subsecretarios de la función pública. Dos de ellos fueron cuatitos de Germán Martínez en la cámara de diputados y uno coordinador de campaña del dictador fecal. Nota del Universal:

Designa Calderón a subsecretarios de la Función Pública

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles ocupará la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad; Salvador Vega Casillas estará a cargo de la Subsecretaría de la Función Pública, en sustitución del chihuahuense Jesús Mesta; y Rafael Morgan Ríos estará al frente de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública

Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 04 de diciembre de 2006

17:15 El presidente Felipe Calderón Hinojosa designó a subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que es la encargada del combate a la corrupción y de vigilar la correcta aplicación del gasto público federal.

En un comunicado se informó que el titular de la SFP, Germán Martínez Cázares, dio posesión de su cargo a tres subsecretarios que prestarán sus servicios en esta dependencia federal, por designación directa del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles ocupará la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad; Salvador Vega Casillas estará a cargo de la Subsecretaría de la Función Pública, en sustitución del chihuahuense Jesús Mesta; y Rafael Morgan Ríos estará al frente de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

Vega y Yáñez fueron diputados federales compañeros de bancada de Martínez Cázares.

Rafael Gilberto Morgan Álvarez, ex senador sinaloense, fue coordinador de campaña de Felipe Calderón en Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, los nuevos funcionarios, junto con el secretario de la Función Pública reiteraron su compromiso ante el titular del Poder Ejecutivo de trabajar en el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas y de establecer una ofensiva que inhiba los actos de corrupción en las dependencias y organismos de la administración pública federal.

Victor Hernandez dijo...

Sobre las auditorías que Germán Martínez obviamente no va a realizar (y si las realiza será para darles carpetazo o para exonerar al vapor).

Fuente:

http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=219

Lunes 4 de diciembre de 2006

• La auditoría 2015 revela corrupción en Los Pinos
• Germán Martínez deberá resolver ese expediente
• Involucrados los hermanos Vicente y José Fox Q.
• Investiga PGR a los arquitectos Artigas y Conde


El gobierno de Felipe Calderón inicia sin compromiso alguno para combatir la corrupción gubernamental que tanto daña al país. En su primer día de mandato, el 1 de diciembre, alcanza a decir que luchará contra la pobreza, no dice cómo, y que disminuirá el salario en los niveles superiores del gabinete, cuando de todos es sabido que el verdadero ingreso de los secretarios de Estado, del propio presidente, de los subsecretarios y de los directores generales de paraestatales y de organismos descentralizados no es el salario que devengan por el trabajo realizado, sino el uso de las partidas secretas, las cajas chicas y los cuantiosos ingresos que obtienen ilícitamente por negocios que realizan al amparo de sus cargos públicos, como son la asignación irregular de contratos de obras y servicios al sector privado, la creación de fideicomisos sin control alguno, el desvío de recursos públicos, las nóminas con aviadores, los bonos, las prebendas a empresas privadas, los gastos de representación, las privatizaciones amañadas, los viáticos inflados, las concesiones fiscales, los favores a empresarios a cambio de jugosas comisiones y otros mecanismos más que han desarrollado los hombres de poder público para enriquecerse al margen de sus ingresos formales. Así que esa declaración mediática que busca efectos positivos a su causa por disminuir el salario de la elite gubernamental no tiene razón ni sentido alguno.


Pero lo que si estará a prueba y ante los ojos de todos los mexicanos es la voluntad de Felipe Calderón y de su secretario de la Función Pública, el joven abogado Germán Martínez, para poner un freno en el gobierno federal al despilfarro, el robo, el abuso, el tráfico de influencias, el gasto desmedido y el desvío descarado de dinero a cuentas bancarias de la burocracia, la cual se ha enriquecido ilícitamente en cada sexenio a costa de los mexicanos.


Hay evidencias sobradas de la corrupción gubernamental permitida y hasta operada de quien fuera hasta la semana anterior presidente de la República. Por eso Calderón y Martínez arrancan su gestión con elementos para demostrar que este nuevo gobierno no será sólo de papel, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, sino que ejercerán su labor y cumplirán con los millones de votantes que aún creen que el PAN es la opción para mejorar este país.


Dicen que el buen juez por su casa empieza y es precisamente en la residencia oficial de Los Pinos en donde hace cinco años se realizó una auditoría, en donde se revela la corrupción ordenada por Vicente Fox y su hermano José, la entonces primera dama Marta Sahagún y la hijastra Ana Cristina Fox, en las obras para remodelar las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, según demuestra el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y reservado por 12 años para evitar acusaciones en contra del ahora ex presidente Vicente Fox Quezada. Pero si a alguna autoridad le interesa, incluidos el propio secretario Germán Martínez y la Auditoría Superior de la Federación, esta columna tiene el amplio documento y estamos dispuestos a otorgarle una copia a quien la solicite.



La auditoría 2015

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.


En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.


La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.


Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.



Las onerosas “cabañas”

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.


En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.


La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.


¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.


El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.



Vulnerada la Seguridad Nacional

El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la Residencia Oficial de Los Pinos.


Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.


El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.


El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”


Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.


Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.


Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.



Investiga el fisco a Humberto Artigas

El hilo siempre se rompe por lo más delgado y está vez no es la excepción, pues el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, son investigados por la Procuraduría General de la República.


Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales.


Es decir, de acuerdo con buena una nota del reportero Abel Barajas y publicada en páginas interiores del diario Reforma, se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubrieran transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán, quienes ahora serán juzgados por evasores de impuestos, más no por complicidad de corrupción con el ex presidente Vicente Fox.



oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx

Victor Hernandez dijo...

Resulta que Germán Mentiras--digo--Martínez, secretario de la función pública, se hace PENDEJO con el asunto de Francisco Gil aceptando la chamba de miembro del consejo administrativo de HSBC--lo cual está prohibido por la ley.

La nota del Universal:

http://www.eluniversal.com.mx/notas/398265.html

Elude Función Pública caso Gil Díaz

Informa la Secretaría que actuará contra funcionarios o ex funcionarios cuando tenga pruebas de que violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos

Jorge Ramos
El Universal
Ciudad de México
Jueves 04 de enero de 2007

20:45 La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que actuará sólo cuando tenga elementos probatorios suficientes en contra de funcionarios o ex funcionarios que violen la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La dependencia eludió mencionar el caso del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, quien ocupará un cargo como consejero del banco HSBC con sede en Londres, Inglaterra.

En un comunicado de cinco párrafos, la SFP sólo dijo que “la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe a éstos realizar actividades que lesionen la imparcialidad de las funciones estatales”.

La “SFP tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o ex servidores públicos, cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses”.

La dependencia agrega que “la SFP ejercerá sus atribuciones en cualquier caso, en el momento en que cuente con elementos probatorios suficientes”.

“En consecuencia, esta dependencia se mantiene atenta y dará curso, en el marco de los procedimientos que fija la Ley, a las denuncias o quejas que los ciudadanos hagan de su conocimiento”.




Pero de Paco Gil no dijeron nada A PESAR de que el PRD pidió explicitamente que se le investigara:

href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/398192.html

Exigirán diputados del PRD investigar nombramiento de Gil en HSBC

Argumentan que al tratarse de un ex secretario de Hacienda tiene información privilegiada en materia fiscal, y el banco puede aprovecharla para beneficio propio

Ricardo Gómez
El Universal
Ciudad de México
Jueves 04 de enero de 2007

14:50 El PRD en la Cámara de Diputados irá con todo contra el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y exigirá se investigue el nombramiento del ex funcionario foxista como asesor de HSBC, en Londres, Inglaterra.

Luis Sánchez, vocero de la bancada en San Lázaro, adelantó que el próximo miércoles, durante la sesión de la comisión permanente, emitirán un punto de acuerdo para exigir se lleve a cabo una investigación por posible violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Argumentó que al tratarse de un ex secretario de Hacienda tiene información privilegiada, en materia fiscal, y un banco puede aprovechar esa información para beneficio propio, “la ley lo establece y dice que no puede formar parte de estas instituciones”.

En entrevista negó que el PRD vaya a quedarse cruzado de brazos ante el nombramiento de Gil Díaz en el consorcio bancario.

“Al contrario nosotros estamos porque se investigue a fondo, vamos a presentar la próxima semana en la comisión permanente un punto de acuerdo para que se haga la investigación, se determine cómo se violenta la ley de responsabilidades de los servidores públicos y sea aplicada la sanción que corresponda, no vamos a quitar el dedo del renglón”, dijo.



Y claro, NUNCA hemos visto a un panista usar información privilegiada de manera indebida ¿No? NUNCA usó Josefina Vázquez Mota información privilegiada de la SEDESOL para hacer clientelismo en la campaña de fecal, ¿verdad?

Victor Hernandez dijo...

En sus lineamientos "de austeridad" como secretario ESPURIO de la función pública, Germán Mentiras--digo--Martínez, salió con el cinismo de ponerle un límite de 196 metros cuadrados al espacio que puede tener la oficina de un funcionario público. Es decir; el mismo espacio que ocupan 3 viviendas de interés social.

Los detalles de esta mentada de madre al pueblo de México se puede ver con lujo de detalle en el video en este link:

http://www.youtube.com/watch?v=3RsINZFZPF4